Representantes de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia y ONG Ecosistemas entregaron a la delegada presidencial regional de Aysén, Luz María Vicuña Figueroa, un informe que reúne antecedentes sobre presuntos incumplimientos normativos y ambientales asociados al yacimiento minero El Toqui, ubicado en Alto Mañihuales, comuna de Coyhaique.
En la reunión también participaron el seremi de Minería, José Luis Osorio Moncada, y la directora regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Andrea Aguilar Sánchez.
Según las organizaciones, el documento recopila el historial de procedimientos sancionatorios tramitados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y antecedentes sobre los impactos ambientales que, afirman, continúan asociados a la operación controlada por Sociedad Minera Pacífico del Sur desde 2019.
Durante la audiencia, el presidente de CODESA, Erwin Sandoval Gallardo, sostuvo que la SMA sancionó a la empresa en 2018 y requirió que el tranque de relaves Confluencia ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, exigencia que, según indicó, fue reiterada en 2020 sin que hasta la fecha se haya concretado.
El dirigente también señaló que desde mediados de 2025 SERNAGEOMIN trabaja con la empresa en un plan de cierre del tranque de relaves Confluencia sin que, según expuso, se haya exigido previamente la evaluación ambiental del proyecto. Asimismo, indicó que el organismo había ordenado la actualización integral del plan de cierre del yacimiento tras constatar modificaciones sustanciales en la faena y el vencimiento de la vigencia del plan aprobado en 2018.
Las organizaciones plantearon además que la empresa mantiene obligaciones pendientes relacionadas con las garantías financieras exigidas por la Ley 20.551, recordando que una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada en mayo de este año, confirmó una multa superior a $400 millones impuesta por SERNAGEOMIN y una deuda superior a $11 mil millones en garantías financieras.
Tras la reunión, Erwin Sandoval señaló que esperan que la actual administración regional analice los antecedentes entregados y defina una hoja de ruta frente a la situación denunciada.
"Esperamos que en la actual administración, cuya delegada regional Luz María Vicuña se comprometió a analizar estos antecedentes ya que consideran el tema como prioritario, se informe próximamente la hoja de ruta que llevarán adelante para terminar con esta grave afectación de derechos humanos a familias rurales de la comuna de Coyhaique", afirmó.
Las organizaciones también manifestaron que consideran necesario mantener un monitoreo permanente de la calidad del aire, suelo, aguas, forraje, ganado y de la salud de la población de Alto Mañihuales hasta que, según señalaron, se garantice el cumplimiento de la normativa por parte del yacimiento.
El informe completo y sus anexos disponibles mediante el enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EcV6rM39q9FSBFQkvRMv6ufdPcxDV_Bi
Fuente: Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA).
